La entrada en vigencia de la nueva Ley N.º 7371/2025 “Que garantiza los derechos de las personas con discapacidad” introduce cambios relevantes en la dinámica laboral paraguaya. Su aplicación impacta directamente en la administración de personal y obliga a las empresas a revisar contratos, reglamentos internos y protocolos de Recursos Humanos para evitar riesgos legales y costos imprevistos.
Puntos claves de la Ley y los derechos de las personas con discapacidad
Esta ley, específicamente en su Artículo 17, establece nuevas licencias especiales, que crean permisos laborales con goce de sueldo en casos de cuidado y acompañamiento para los padres de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Este derecho se inspira en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, buscando compatibilizar el derecho al trabajo con las necesidades de cuidado familiar.
Por lo tanto, las empresas deberán reorganizar turnos, cargas horarias y mecanismos de reemplazo.
Asimismo, la ley crea una protección contra el despido para las personas con discapacidad, ya que se amplían los supuestos en que un despido puede ser considerado abusivo o discriminatorio. Esto incrementa la necesidad de documentar de manera sólida las causales de despido.
Ambigüedades legales y los derechos de las personas con discapacidad
Con respecto a los permisos especiales, la norma presenta importantes ambigüedades que afectan la seguridad jurídica de las empresas:
- No diferencia entre grados de discapacidad ni define criterios objetivos de aplicación.
- No establece mecanismos de control o acreditación médica.
- No aclara si el beneficio puede fraccionarse por horas o solo por días completos.
El aspecto más controvertido: autoriza el uso del permiso hasta un 50% de la jornada laboral total mensual. Esto implica que un trabajador podría ausentarse la mitad de su tiempo con goce íntegro de salario.
El efecto es directo en la productividad empresarial, genera inequidad entre trabajadores y podría desincentivar la contratación en situaciones donde sea previsible el uso intensivo del beneficio.
En este punto, la amplitud del derecho, sin parámetros claros, expone a empleadores y trabajadores a un alto riesgo de uso abusivo y conflictividad judicial.
Recomendaciones para empresas frente a los derechos de las personas con discapacidad
La finalidad protectoria de la ley es legítima, pero requiere una reglamentación inmediata que delimite condiciones objetivas de acceso, acreditación médica y límites razonables.
Por esto recomendamos a las empresas:
- Actualizar contratos, reglamentos y disposiciones, incorporando cláusulas claras sobre la utilización de estas licencias y los procedimientos adecuados para solicitarlas.
- Implementar protocolos de RR.HH. claros para solicitud, control y registro de permisos especiales.
- Capacitar a mandos medios y supervisores para manejar correctamente estos derechos.
- Fortalecer la documentación: toda ausencia debe quedar respaldada con pedidos formales y acreditaciones.
- Adoptar un enfoque de compliance laboral: auditorías internas periódicas que garanticen cumplimiento preventivo.
De este modo, las empresas podrán cumplir con la ley sin perder productividad ni exponerse a contingencias judiciales.
Conclusión: equilibrio entre inclusión y seguridad jurídica
La Ley N.º 7371/2025 supone un avance en la protección social, pero también un desafío para las empresas paraguayas. El Artículo 17 es el ejemplo más claro: un beneficio amplio y legítimo, pero con vacíos que pueden derivar en abusos y judicialización.
Abg. Patricia Argüello